En horas de la tarde de este martes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba licenciado por decisión de la Suprema Corte provincial.

"El apartamiento preventivo se adoptó en el marco de un jury de enjuiciamiento abierto a partir de una denuncia por acoso sexual", señaló la presidencia del cuerpo, que recordó que el expediente reúne "seis imputaciones formales del Ministerio Público Fiscal" y que el proceso continúa "con la producción y valoración de la prueba".

Origen de la denuncia y acumulación de presentaciones

La causa se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en la cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación, describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de supuestas propuestas de encuentros personales, y acompañó la denuncia con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de ese expediente se abrieron, en paralelo, un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando inicio formal al trámite del jury. Con el correr de los meses se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados por la Fiscalía

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y utilización de referencias a su posición institucional con fines intimidatorios.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de la firma digital del magistrado, en presunta infracción a la normativa vigente.

Por el momento, la carátula de la causa engloba los delitos y faltas funcionales analizados bajo la órbita del enjuiciamiento de magistrados, con etapa de instrucción cumplida y prosecución del trámite ante el Jurado. El organismo está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores.

La próxima instancia judicial será el análisis formal de los seis cargos por parte del Jurado, con la valoración de la prueba reunida y, eventualmente, la fijación de fecha para la audiencia de enjuiciamiento, en la que se definirá la suerte procesal del magistrado.