Cynthia Chamoles, de 44 años, declaró el viernes en la sede de la fiscalía de Pilar tras ser detenida junto a su pareja, Carlos González, de 43, en su domicilio del barrio cerrado Las Condes.

Ante el fiscal Andrés Quintana, la indagada sostuvo que clientes que no completaron el pago de vehículos financiados generaron un desfasaje que, según su versión, impidió cumplir con las entregas comprometidas. “Tuvimos compradores que dejaron de pagar en el último período y eso produjo el descalce financiero”, manifestó según consta en el expediente.

Carátula y etapa de la causa

La investigación se tramita bajo la carátula de estafas reiteradas y se encuentra en la etapa de instrucción. Tanto Chamoles como González permanecen detenidos a disposición de la fiscalía.

Las deudas señaladas por la indagada

• Pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares.
• Un total adeudado a la concesionaria que rondaría los dos millones de dólares.
• Una Land Rover Evoque entregada a un DJ de trayectoria, con una deuda de 120.000 dólares.
• Una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación sería clave para recuperar liquidez.

Damnificados identificados

En el expediente figuran al menos 35 personas denunciantes. Entre ellas se menciona a Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una Ford Ranger Raptor en consignación sin percibir el producido de la venta. También aparece el diputado nacional Manuel Quintar, que denunció haber pagado 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte por transferencia bancaria y parte en efectivo.

Por su parte, González describió en su indagatoria un descalce financiero cercano a los seis millones de dólares y repasó la trayectoria de la firma, que pasó de un local en el Shopping Champagnat a una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con picos de cien vehículos vendidos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada, donde el juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos y luego el secuestro de nueve unidades.

La próxima instancia judicial será la resolución del juez sobre los pedidos de conversión de la detención que presente la defensa de los imputados.