Córdoba: la odisea de esperar un certificado, una prótesis o una terapia

Acá, en la esquina de cualquier barrio de Córdoba, conseguir un turno para certificar una discapacidad puede ser el inicio de una espera que se mide en meses, no en días. Eso es lo que retrata un informe que la Defensoría del Pueblo provincial presentó el 5 de octubre de 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa una discusión que muchas familias conocen de memoria: los obstáculos burocráticos y económicos para acceder a derechos que, sobre el papel, deberían estar garantizados. Yo lo leí de corrido y me quedaron varias imágenes dando vueltas, así que les cuento lo que dice el documento, con sus números y sus voces, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Para empezar, el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD) aparece como uno de los cuellos de botella más visibles. Según releva el informe, en la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y en esos lugares las citas se otorgan con esperas que van de dos a tres meses. A eso se suma la dificultad para conseguir consultas con los especialistas que intervienen en el proceso, un paso previo que también puede estirarse en el calendario y que termina por dilatar todo el recorrido.

Terapias, prótesis y medicamentos: la espera se mide en casi un año

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo de la pesquisa, fue muy claro al describir los plazos que se observan en distintos puntos del sistema. "Hay demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para acceder a centros de rehabilitación", explicó el funcionario al presentar el documento, según quedó consignado en el informe. Es importante aclarar algo que el propio texto señala: esos rangos corresponden a lo relevado y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite en particular, porque cada situación tiene sus tiempos y sus particularidades.

• Cuatro a nueve meses de espera para acceder a prótesis y medicamentos.
• Nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación.
• Dos a tres meses para conseguir un turno en juntas evaluadoras pediátricas del CUD.
• Demoras adicionales para obtener consultas con especialistas que intervienen en la evaluación.

Mientras la burocracia hace su parte, las familias hacen la suya, y suelen pagarla con plata del propio bolsillo. Una madre entrevistada por la Defensoría contó que llegó a desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de sostener la atención particular durante alrededor de dos años. El documento también describe una mayor carga de cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que debieron reducir su jornada laboral y, con ella, sus ingresos. Es uno de los puntos más sensibles del informe, porque pone nombre y apellido a un fenómeno que muchas veces queda invisibilizado: la sobrecarga recae, sobre todo, en ellas.

Prestadores ahogados: pagos atrasados y números que no cierran

El relevamiento no se queda en la demanda: también mira a quienes ofrecen las prestaciones y encuentra que el sistema les está apretando el lazo. El informe registra atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que deberían llegar desde obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación del 336% en el mismo período, siempre según las cifras consignadas en el documento. Y en el transporte, la diferencia es todavía más marcada: la nafta súper subió un 559%, contra un 231% del valor reconocido por kilómetro.

El estudio vincula ese combo de subas por debajo de la inflación y pagos atrasados con la decisión de algunas instituciones de recortar gastos para poder sostenerse, un dato que vuelve a caer sobre las familias, porque menos oferta significa, en la práctica, más espera. Lo que dejó dicho Galoppo al cierre de la presentación resume bastante el espíritu del informe y por eso me parece justo dejarlo como corolario de esta nota: "Cuando el Estado demora y los costos se disparan, son las familias, y en particular las mujeres, las que terminan sosteniendo con su tiempo y su plata lo que debería ser un derecho". Acá, a la vuelta, esa frase no suena a titular de informe: suena a la realidad que cuentan en la vereda.