Del boleto al bolsillo: por qué el colectivo ya no es la misma opción para millones de argentinos

A la hora de sacar el boleto, la primera cifra que miro siempre es la del precio de la pizarra, porque en el transporte urbano esa pizarra cambia de calle en calle y de provincia en provincia. Lo dice un relevamiento reciente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor: el boleto mínimo de colectivo oscila entre 743 y 3.176 pesos, una brecha de más de 2.400 pesos por pasaje que no se explica sólo por la distancia ni por la calidad del servicio, sino por una combinación de jurisdicciones, subsidios y decisiones políticas que se fueron acumulando con los años. La foto es nítida y, para los usuarios, profundamente injusta: vivir en una ciudad o en otra puede hacer que pagar el colectivo cueste hasta cuatro veces más.

El mapa de las tarifas: del norte al sur, una Argentina con varios precios

Las ciudades más caras del país están encabezadas por Pinamar, con 3.176 pesos por boleto mínimo, seguida por San Martín de los Andes, con 2.900; Pergamino, con 2.784; Eldorado, con 2.500, y Centenario, con 2.478 pesos. En el siguiente escalón aparecen Partido de la Costa (2.410 pesos, con una suba del veinte por ciento respecto de septiembre), Bariloche (2.333), Orán (2.200) y las dos grandes ciudades del centro: Rosario y Córdoba, ambas con 2.150 pesos, después de que Rosario aplicara un incremento del veinticinco por ciento frente al mes anterior. En el otro extremo, los colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires cobran 743 pesos y se posicionan como los más baratos del país. Les siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 920 pesos y una suba del 3,66 por ciento respecto de septiembre, y el AMBA bonaerense, con 1.215 pesos y una suba del 4,39 por ciento. Entre los valores más bajos también figuran Ramallo (950 pesos) y La Rioja, Villa Mercedes y General Pico, las tres con 1.000 pesos.

• Pinamar: 3.176 pesos (la tarifa más alta del país).
• San Martín de los Andes: 2.900 pesos.
• Eldorado: 2.500 pesos.
• Rosario: 2.150 pesos, con suba del 25% respecto del mes anterior.
• Córdoba: 2.150 pesos.
• Ciudad de Buenos Aires: 920 pesos, con suba del 3,66%.
• Colectivos de jurisdicción nacional del AMBA: 743 pesos (la tarifa más baja).

La diferencia entre extremos es elocuente: el pasaje mínimo en Pinamar cuesta más de cuatro veces lo que se paga por el boleto nacional en el AMBA. En términos llanos, un usuario que viaja todos los días hábiles gasta, en esa ciudad balnearia, más de 75.000 pesos por mes sólo en transporte, frente a los cerca de 18.000 que necesita alguien que toma una línea nacional en el conurbano. El número no incluye eventuales transbordos, ni los incrementos que ya están anunciados para los próximos meses.

Menos pasajeros y un costo real que se disparó desde 2022

Las tarifas, sin embargo, son sólo una parte del problema. En el AMBA, que es la región que más pasajeros mueve del país, la demanda viene cayendo de manera sostenida. En septiembre de 2026 el promedio diario de pasajeros en días hábiles fue de 8.232.858, contra 9.158.089 del mismo mes del año anterior: una baja del 10,1 por ciento, equivalente a 925.231 viajes menos por día. Los sábados la caída fue del 12,1 por ciento y los domingos, del 9,8 por ciento. La tendencia se extiende en el tiempo. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, los viajes mensuales en el AMBA pasaron de 241 millones a 200 millones: 41 millones de viajes menos por mes. En ese mismo período, medido en pesos constantes, el costo real por pasajero subió 225 por ciento: de 244 a 794 pesos. El subsidio real, en cambio, bajó 37 por ciento. El resultado fue un cambio profundo en quién financia el sistema: en 2022 el pasajero cubría el 15 por ciento del costo total; hoy cubre el 43 por ciento.

“Cuando me subo al 60 a la mañana veo cada vez más asientos vacíos, y los que quedan son los que no tienen otra opción.”Jorge, colectivero de una línea del AMBA

Ese desbalance entre precio y demanda es el que empieza a definir la movilidad de los argentinos. Para los trabajadores que no tienen auto ni moto, el colectivo dejó de ser una elección y pasó a ser un sacrificio: lo toma quien no tiene cómo reemplazarlo, muchas veces resignando otros gastos del hogar. Para quienes sí pueden elegir, la cuenta es simple: si una familia tipo del AMBA gasta hoy cerca de 35.000 pesos por mes en transporte sólo por el boleto mínimo, esa misma plata empieza a competir con el supermercado, con la cuota del colegio o con el arreglo de la moto. No es extraño, entonces, que la demanda caiga al ritmo que muestra el relevamiento.

Lo que el Estado todavía no resolvió: una política de tarifas única y previsible

El cuadro de fondo, y es lo que a mí me parece más grave, es que no existe una política nacional de transporte público que armonice las tarifas. Cada municipio, cada provincia y cada jurisdicción nacional define sus propios criterios, sus propios subsidios y sus propios mecanismos de actualización, con lo cual un jubilado de La Rioja puede pagar lo mismo por un viaje que un trabajador formal del conurbano, mientras que un vecino de Pinamar paga cuatro veces más. Mientras tanto, la carga del financiamiento se fue corriendo del Estado hacia el usuario sin que se discutiera en profundidad qué sistema de transporte se quiere sostener, qué red se piensa priorizar y cómo se va a garantir el derecho a la movilidad de los sectores más vulnerables. La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿cuánto pesa el precio del boleto a la hora de decidir si subirse al colectivo o buscar otra alternativa? Y, sobre todo, hasta cuándo la respuesta la va a seguir pagando sola la gente del surco al colectivo, sin que nadie termine de hacerse cargo del otro lado de la pizarra.