La ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un régimen penal juvenil con penas graduadas, comenzó a regir este sábado en todo el país, 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

El esquema de sanciones y los topes de pena

La norma establece sanciones proporcionales a la gravedad del delito. La privación de libertad queda reservada para los hechos más graves, como los homicidios, y puede cumplirse bajo tres modalidades: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima prevista para los adolescentes es de 15 años, con la posibilidad de que dos tercios de la condena se cumplan en libertad condicional, lo que en la práctica reduce el encierro efectivo a un máximo de diez años.

Delitos graves y facultades del juez

Para los robos agravados con armas de fuego, los jueces conservan la facultad de reemplazar la prisión por medidas alternativas como tobilleras electrónicas, prohibición de concurrir a determinados lugares y, en casos extremos, separación del adolescente de su entorno familiar cuando se acredite que ese entorno fomenta la actividad delictiva. En los hurtos y robos sin armas, la ley habilita directamente sanciones no privativas de la libertad.

La aplicación de cualquier pena alternativa exige dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la audiencia previa de la víctima. Además, el adolescente no debe tener condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.

Los casos que quedaron fuera del nuevo régimen

Desde la sanción de la norma en el Congreso hasta su entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance de la ley por haber cometido los hechos antes de los 14 años. Entre ellos figuran los dos imputados por el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los sospechosos, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia a disposición de la Justicia, pero no serán sometidos a proceso penal ni a condena. Bajo el esquema anterior, un menor considerado inimputable podía ser internado en un instituto solo hasta cumplir los 18 años, sin registro de antecedentes.

La próxima instancia será la implementación operativa del nuevo régimen en las fiscalías y juzgados con competencia penal juvenil de todo el país, donde deberán definirse los criterios de aplicación para los hechos que se cometan desde este sábado en adelante.