La cuenta que no cierra: la canasta del jubilado ya pasa los dos millones y la mínima no llega a la cuarta parte

La pizarra, esta vez, no se mide en toneladas de soja ni en dólares por litro de leche: se mide en años de esfuerzo y en boletos de colectivo que ya no alcanzan. La Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontografía acaban de actualizar la fotografía más cruda del mes y lo que muestra es un desfasaje que, como buen dato de la economía real, duele en el mostrador de la farmacia y en la verdulería del barrio. Para vivir un solo mes, una persona mayor necesita, según ese relevamiento, dos millones noventa mil seiscientos cuarenta y seis pesos. La jubilación mínima con el bono, en tanto, quedó fijada en quinientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho: alcanza para menos de la cuarta parte de lo que la propia medición considera indispensable.

Lo primero que aparece cuando se desglosa el número es lo que más golpea: medicamentos y atención de la salud suman quinientos dieciocho mil setecientos ocho pesos, un rubro que, mirado de cerca, ya vale más que la jubilación mínima entera, bonos incluidos. Quienes armaron la canasta lo aclararon con una lógica que el lector entiende sin necesidad de explicarle demasiado: el cuerpo no espera, la presión no espera y el turno con el cardiólogo se paga antes o se paga después, pero se paga. A ese recorte se le agregan cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos para alimentos y trescientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos para vivienda, tres juntos que se llevan mil trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos, es decir, casi dos de cada tres pesos de la canasta completa.

Cómo se construyó el número

La medición no se hizo en un escritorio lejano: cubre Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza, las cinco plazas donde cualquier jubilado argentino sabe que la realidad se vive parecido pero no igual. Para ordenar los consumos, los equipos de la Defensoría de la Tercera Edad y de la entidad iberoamericana tomaron como referencia las pautas de la canasta familiar que publica el INDEC y le aplicaron los pesos específicos que tiene esta franja etaria, que gasta distinto porque consume distinto, porque no es lo mismo el menú de un adulto activo que el de alguien que cuida una diabetes o paga un geriátrico.

En salud, la cuenta contempla distintos medicamentos y los descuentos vigentes en farmacias según la obra social de cada afiliado. En vivienda, la idea fue no quedarse con una sola foto: adentro de ese ítem conviven el propietario que sigue manteniendo su casa, el inquilino que pelea contratos cortos y el pensionado que duerme en una habitación de hotel familiar, las tres situaciones de las que tanto se habla en las reuniones de centro de jubilados y que rara vez aparecen juntas en un mismo cálculo. Esa decisión, la de meter las tres modalidades en la misma bolsa, le da al número una robustez que no tienen los promedios que suelen difundirse por los medios.

La comparación que desnuda todo

Porque lo que hace crujir al informe no es solo cuánto cuesta vivir, sino cuánto entra. Con la mínima y el bono extraordinario, un jubilado cubre apenas el 24,2 por ciento de la canasta calculada; con la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez, que llega a trescientos setenta y cinco mil veintitrés pesos, la cobertura cae todavía más; y con la Pensión Universal para el Adulto Mayor, fijada en cuatrocientos dieciocho mil quinientos noventa y ocho pesos con bono, tampoco se llega a pagar siquiera el rubro de medicamentos y salud, que vale cien mil pesos más. La diferencia entre lo que se cobra y lo que se necesita se llama, en la jerga de la calle, llegar a fin de mes, y en este caso la diferencia es de un millón quinientos mil pesos.

El deterioro tampoco es nuevo, lo que se modifica es el volumen. En octubre del año pasado la misma canasta valía un millón quinientos catorce mil setenta y cuatro pesos, lo que significa que en doce meses la suba acumulada fue del 38 por ciento. Si la comparación se hace con el relevamiento de marzo, el incremento trepa al 14,58 por ciento, una cifra que se lee mejor cuando uno recuerda que la inflación general del período, según las propias estadísticas oficiales, quedó bastante por debajo de ese número para los rubros que más pesan en el gasto de los adultos mayores.

Lo que el Estado todavía no resolvió

Y aquí aparece la pregunta que sobrevuela cualquier nota sobre jubilaciones y que, por una cuestión de oficio, uno no puede dejar de hacerse en voz alta: cómo se sostiene un sistema previsional donde lo que cobra la mayoría de sus beneficiarios representa menos de la cuarta parte de lo que cuesta vivir dignamente. La respuesta corta, la que repiten los funcionarios en cada conferencia de prensa, es que se está recomponiendo el poder adquisitivo; la respuesta larga, la que se escucha en las filiales de los centros de jubilados de Pergamino, de Moreno o de Río Cuarto, es que la recomposición llega tarde, llega a cuenta gotas y llega después de que el pami, las prepagas y los supermercados ya pasaron por el bolsillo.

Como en todo lo que tiene que ver con la cadena del surco al buque, la diferencia entre el precio que se cobra y el precio que se paga termina cayendo sobre el eslabón más débil, y en este caso ese eslabón tiene nombre y apellido: la generación que construyó el país con su trabajo y que hoy, según el último dato disponible, destina casi el 25 por ciento de sus ingresos solamente a medicamentos que, en muchos casos, podría fabricar la industria pública a un costo menor. Mientras el Estado no termine de resolver ese desfasaje, cada nueva medición de la Defensoría será, para los jubilados, lo más parecido a una liquidación mensual de un daño que no prescribe.