Operativo de traslado de presos desde Devoto: primera jornada con 326 internos movidos y audiencia judicial en curso

A las 0 horas del domingo comenzó el operativo para trasladar a los 1.500 internos del penal de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz. En la primera jornada se movilizaron 326 detenidos, en el marco de un plan que se ejecuta por etapas y bajo la coordinación de un Comando Unificado integrado por cinco fuerzas federales.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación confirmaron que el procedimiento se realizó de manera "intempestiva" y cuestionaron la falta de información oficial. "Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas", señaló el organismo, que presentó un hábeas corpus y logró que la Justicia convocara a una audiencia para analizar el operativo.

El nuevo establecimiento y el origen del proyecto

El Complejo Penitenciario Federal VIII abrió sus puertas tras la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El predio, de 80 hectáreas, tiene capacidad para 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad. La obra, paralizada en 2020, fue reactivada en diciembre de 2024 y quedó habilitada para recibir internos de alta peligrosidad.

El operativo se ejecuta bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y el Comando Unificado, con tareas de vigilancia en establecimientos y corredores viales, custodia de los internos y protección del personal afectado y de la población civil a lo largo del recorrido. La causa se encuentra en etapa de ejecución del traslado, con intervención judicial tras la presentación del hábeas corpus.

Los puntos sensibles que advirtió la Procuración

• Continuidad académica del Centro Universitario Devoto (CUD), con cuarenta años de educación en contexto de encierro, en riesgo por traslados en medio del cuatrimestre.
• Dificultad para contener a las familias por la falta de información oficial sobre el destino de cada detenido.
• Verificación, mediante llamadas de internos a sus familiares, de que no se registraron hechos de violencia durante la primera jornada.
• Cuestionamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la ausencia de garantías previas para la continuidad de los estudios universitarios.

La Procuración Penitenciaria y el CELS coincidieron en pedir que se garantice el derecho a la educación de los alumnos del CUD, un reclamo que quedó plasmado en la presentación judicial. La próxima instancia será la audiencia convocada por la Justicia para evaluar el hábeas corpus y el procedimiento de traslado en su conjunto.