A esta altura de septiembre, con la pizarra del haber mínimo previsional marcando 419.775,93 pesos más un bono de 70.000 que lleva el ingreso de referencia a 629.663,89 pesos, hay un dato que recorre las agencias del PAMI y que a mí, como viejo lector de los padrones de afiliados, me sigue sacando una sonrisa amarga: son miles los jubilados argentinos que tienen derecho a retirar hasta seis medicamentos sin pagar un solo peso y, sin embargo, no lo saben o, lo que es peor, lo dejaron pasar porque el trámite les pareció un laberinto. Permítanme que me siente a explicarles, con la mayor claridad posible, cómo funciona este subsidio social que la obra social de los mayores mantiene desde hace años y que, en la práctica, se transformó en una de las herramientas más potentes —y a la vez más subutilizadas— del sistema de salud para nuestros retirados.

El corazón del beneficio es, como me lo graficó esta semana don Roberto, afiliado de Lanús, mientras esperaba su turno en la UGL, una manera de evitar que la farmacia se coma la jubilación: "yo antes pagaba casi la mitad del sueldo en pastillas para la presión y el colesterol, ahora voy, presento la receta y me voy con la bolsa llena sin tocar la billetera". Ese testimonio, que recojo tal cual me lo dijo en la puerta de la agencia, sintetiza el espíritu del programa: PAMI subsidia al 100% hasta seis medicamentos ambulatorios por afiliado cuando el bolsillo del jubilado no aguanta más, y la aprobación queda en manos de la Unidad de Gestión Local correspondiente.

Quiénes califican y qué mirar antes de iniciar el trámite

• Ingresos mensuales del afiliado que no superen 1,5 veces el haber mínimo previsional, tope que en septiembre de 2026 se ubica en 629.663,89 pesos. En hogares donde haya un titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se estira hasta tres haberes mínimos.
• No ser propietario de un inmueble distinto al de la vivienda habitual, condición que el sistema cruza con datos fiscales y registrales de manera automática.
• No contar con vehículos de menos de diez años de antigüedad, salvo que en el conviviente haya un titular de CUD, caso en el cual la exigencia cae.
• No poseer activos societarios que demuestren capacidad económica plena, un punto que suele aparecer en los expedientes cuando hay socios de sociedades comerciales activas.
• Para quienes superen el tope de ingresos pero destinen 15% o más de su haber al pago de medicamentos, existe una vía de reconsideración por vulnerabilidad sociosanitaria que PAMI evalúa caso por caso.

Ahora bien, hay un atajo que muchos olvidan y que a mí me parece clave destacar: los afiliados con tratamientos oncológicos, diabetes, VIH, hepatitis o aquellos que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad acceden a la cobertura total de manera automática, sin importar el nivel de ingresos ni la cantidad de bienes que posean. Se trata de una cobertura universal por patología que corre por carriles separados del subsidio social y que, en el día a día, les resuelve la farmacia a miles de familias sin que tengan que pasar por la auditoría económica.

Cómo se inicia el trámite, paso por paso

El procedimiento es más sencillo de lo que parece y se puede hacer sin moverse de casa. Hay que ingresar al sitio oficial de PAMI, buscar la sección de trámites web y seleccionar la opción "Medicamentos sin cargo por subsidio social". El formulario pide número de afiliación, DNI y datos de contacto, y el sistema se encarga de cruzar la información con los padrones del organismo. Para los que, como don Mario, un ferroviario retirado de Avellaneda que conozco desde hace años, prefieren la vieja escuela y la atención cara a cara, también está la opción de gestionar el beneficio en la agencia o UGL más cercana, con turno previo que se saca por la misma web. Una vez aprobado el subsidio, el beneficiario retira los medicamentos en cualquier farmacia adherida presentando la receta emitida por un médico del sistema PAMI, y los veteranos de guerra del Atlántico Sur acceden al beneficio sin necesidad de acreditar los requisitos generales, aunque igual deben realizar la solicitud formal.

Y acá viene lo que el Estado todavía no resolvió, esa cuestión de fondo que me gusta dejar planteada cuando escribo sobre estas cosas: la brecha entre un derecho formalmente disponible y un derecho efectivamente ejercido sigue siendo enorme en la Argentina que transita sus años dorados, y mientras haya jubilados que pagan de su bolsillo lo que la obra social debería cubrir sin costo, la política social seguirá teniendo una deuda pendiente con quienes más la necesitan.