La jueza federal María Servini procesó con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de 77 años, por el delito de lavado de activos y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida se conoció luego de la extradición del acusado desde México, donde permanecía detenido desde 2019.

El expediente se sustancia bajo la carátula por lavado de activos originados en la explotación sexual de mujeres. La resolución se dictó en la etapa de instrucción y la defensa ya adelantó que recurrirá la decisión.

El descargo de la defensa y los plazos cuestionados

Martins se negó a declarar en la audiencia de indagatoria y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Según su planteo, las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas a la compra de propiedades y a la administración de sociedades— se concentraron entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la Justicia dio por acreditado para el delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El acusado sostuvo además que el único antecedente firme de explotación sexual se circunscribe al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Aseguró que otros nueve establecimientos mencionados en la pesquisa habían sido sobreseídos por inexistencia del delito de trata de personas.

Los fundamentos de Servini para rechazar la falta de mérito

Servini consideró acreditada la existencia de maniobras de lavado y sostuvo que una sociedad constituida antes de un hecho ilícito puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen delictivo. En esa línea, concluyó que la fecha de creación de las firmas no resulta suficiente para descartar las operaciones investigadas.

La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades nacionales y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del encartado. A partir de ese análisis, sostuvo que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Con el procesamiento firme, la causa avanza hacia la elevación a juicio oral.

Próxima instancia judicial

• Revisión de la apelación de la defensa ante la Cámara de Casación.
• Elevación de la causa a juicio oral una vez firme el procesamiento.
• Notificación del embargo por 300 millones de pesos sobre los bienes registrados a nombre del acusado y de su entorno familiar.