A las reuniones en cafés de Recoleta, durante enero de 2022 y los primeros meses de 2023, Juan Gotelli, de 39 años, se presentó ante dos hermanos como asesor financiero y les ofreció rendimientos fijos en dólares a cambio de sucesivas entregas de dinero en efectivo que, según la acusación, totalizaron 55.000 dólares.

En los primeros contactos el hombre no entregó comprobantes. Uno de los hermanos aportó 10.000 dólares en varias reuniones y su hermana sumó 15.000 dólares adicionales. Durante los meses iniciales Gotelli realizó devoluciones parciales que presentó como ganancias, lo que sostuvo la confianza de las víctimas hasta que en febrero de 2023 dejaron de percibir respuestas claras y, desde agosto de ese año, el acusado cortó toda comunicación.

La palabra de la Fiscalía

“Habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado y acceso a circuitos de inversión exclusivos.”Juez Martín Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 2

La denuncia fue radicada en marzo de 2024. En febrero de este año el juez Martín Yadarola procesó a Gotelli sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta, figura prevista en el Código Penal con una escala penal de entre un mes y seis años, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 162 millones de pesos.

En su defensa, Gotelli negó los hechos, reconoció haber recibido 30.000 dólares —y no los 55.000 que consigna la acusación— y atribuyó los incumplimientos al contexto financiero de 2023, que habría afectado el rendimiento de las operaciones. El juez consideró ese argumento insuficiente frente al conjunto de pruebas reunidas, entre ellas un mensaje de WhatsApp enviado por el acusado a una de las víctimas: "No te voy a atender nunca más. Y lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más. Yo manejo los tiempos, no vos".

Próxima instancia

• La causa fue elevada a juicio oral.
• El procesamiento fue dispuesto sin prisión preventiva.
• El embargo sobre los bienes del acusado asciende a 162 millones de pesos.
• La escala prevista para la administración fraudulenta va de un mes a seis años de prisión.